Responsabilidad de los administradores:

El administrador de la empresa debe prestar especial atención a esta obligación para evitar incurrir en responsabilidad personal. En efecto, en España, según el artículo 365 de la Ley de Sociedades, el administrador debe convocar una junta general en el plazo de dos meses desde que se produzca una causa legal o estatutaria de disolución. Estas causas incluyen, en particular, el cese de la actividad empresarial durante un periodo de inactividad superior a un año. Como accionista, también puede solicitar al administrador la convocatoria de la junta si considera que la empresa está sujeta a alguna de las causas de disolución previstas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades.

Liquidación de sociedades colectivas:

En el caso de sociedades con varios socios, será necesario convocar la Junta General de Socios y calcular el porcentaje de votos necesarios para adoptar la decisión de disolver la sociedad, o la disolución y liquidación simultáneas si no fuera necesaria ninguna operación de liquidación en función del balance.

La convocatoria de la Asamblea General y la importancia de las formalidades:

A menos que tenga la certeza de poder contar con la presencia y el voto favorable de todos los socios para celebrar una Reunión Universal y adoptar decisiones por unanimidad, debe ser muy vigilante con respecto a las formalidades de la convocatoria.

Deben cumplir con la forma y los plazos estipulados en los estatutos. No debe subestimarse la importancia de redactar y publicar correctamente (o enviar individualmente) este aviso, ya que cualquier error podría poner en peligro la inscripción de la baja en el Registro Mercantil.

Representación en la Asamblea General:

El mismo principio se aplica a la celebración de la Asamblea General: es fundamental respetar las normas que rigen su desarrollo.

Si bien los estatutos de muchas sociedades constituidas en los últimos años prevén la posibilidad de participar en juntas generales de forma electrónica, esta opción aún no está incluida en los estatutos de la mayoría de las sociedades españolas. Esto resulta especialmente problemático cuando los accionistas (o sus representantes legales) residen en el extranjero. Cabe reconocer que este es, con frecuencia, el caso de la mayoría de nuestros clientes.

En estos casos, podemos representar a nuestro cliente en la Junta General, evitando así su desplazamiento. Nuevamente, es fundamental planificar con antelación mediante la concesión de un poder notarial (generalmente notariado) para que podamos representarle en la reunión. Hemos establecido una estrecha colaboración con una notaría en Francia que permite a nuestros clientes otorgar su poder notarial en línea. Si desea obtener más información al respecto, consulte nuestro artículo donde describimos todo el proceso.

Si usted es socio o director de una empresa que va a ser liquidada, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda en este proceso.