Cuando el derecho internacional refuerza los derechos de defensa en España

En España, la legislación laboral está evolucionando rápidamente, con cambios importantes que afectan tanto a los derechos de los trabajadores a defenderse como a las normas de indemnización en caso de despido.

Las escalas de compensación están en entredicho.

Recientemente, el sistema de escalas de compensación en España ha sido cuestionado a la luz de los estándares establecidos por la Carta Social Europea. Se espera una sentencia importante de los tribunales españoles al respecto. Próximamente publicaremos un artículo detallado sobre este tema.

La nueva característica: la entrevista preliminar antes de un despido disciplinario.

A diferencia de Francia, donde la legislación laboral impone un procedimiento estricto para el despido (que incluye trámites como entrevistas preliminares y el cumplimiento de plazos), España no contaba hasta ahora con normas similares. Sin embargo, una sentencia histórica del Tribunal Supremo (el equivalente español del Tribunal de Casación), del 18 de noviembre de 2024, cambia esta situación.

Una nueva obligación para los empleadores

A partir de ahora, antes de cualquier despido disciplinario (equivalente en Francia al despido por falta grave), el empleador español deberá celebrar una reunión preliminar. Esta reunión tiene como objetivo permitir que el empleado se defienda de las acusaciones en su contra.

Esta decisión se fundamenta en el artículo 7 del Convenio de la OIT* (Organización Internacional del Trabajo), que garantiza el derecho del trabajador a un juicio justo. El Tribunal Supremo español reitera que el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional y es directamente aplicable en España.

Una aclaración importante

El Tribunal aclara que esta entrevista preliminar no puede ser sustituida por la conciliación o la mediación tras el despido. Por consiguiente, esta obligación constituye un elemento esencial del procedimiento.

Consecuencias para los empleadores

Antes de esta decisión, en España solo se requería una carta de despido para un despido disciplinario. Ahora, la ausencia de una reunión previa podría acarrear:

  • Despido sin justa causa, con una indemnización de 33 días de salario por año de servicio;
  • Despido nulo, que obliga al empleador a abonar los salarios hasta la resolución judicial;
  • Indemnización adicional, a discreción del juez.

Los próximos meses serán cruciales para esclarecer la interpretación y aplicación de esta nueva norma.

Qué significa esto para las empresas en España.

Esta decisión representa una auténtica revolución en el derecho laboral español. Los empresarios deben ahora reflexionar detenidamente antes de considerar un despido disciplinario, incluso para empleados con poca antigüedad. Cada caso debe someterse a un análisis exhaustivo de riesgos para evitar consecuencias legales y financieras imprevistas.

Conclusión: Una nueva era para el Derecho Laboral en España
Esta evolución acerca las prácticas españolas a las vigentes en Francia, al tiempo que incorpora estándares internacionales. Las empresas que operan en España deben adaptar sus procedimientos de gestión de recursos humanos a estos nuevos requisitos.

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*Convention C158 – Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982