Consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 en el ordenamiento jurídico español

Evolución y perspectivas

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022, el Gobierno español impulsó la adopción de la Ley 5/2022 de 9 de marzo de 2022 (que entró en vigor el 11 de marzo de 2022) para adaptar la legislación española al derecho europeo.

Mediante la referida sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el carácter imprescriptible de una deuda tributaria hipotética era contrario a los principios de la Unión Europea, y dictaminó también que el sistema de sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar los derechos y bienes situados en el extranjero era excesivo.

La nueva ley española, que pretende adecuar la normativa interna a la legalidad europea, modifica tanto la Ley del Impuesto sobre Sociedades como la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

(i) Adaptación de la legislación española mediante la adopción de la Ley 5/2022

Hay que tener en cuenta que el preámbulo de la nueva Ley 5/2022 menciona que el objetivo mismo de este texto es adecuar el régimen jurídico español al derecho europeo, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022.

Para ello, la nueva norma modifica algunas disposiciones y prevé, en particular:

• La supresión de la sanción del 150% -basada en una simple presunción de realización de una ganancia patrimonial o renta no declarada cuando un bien o derecho del contribuyente situado en el extranjero no haya sido declarado a Hacienda mediante la presentación del Modelo 720.

• La supresión de la misma presunción, claramente abusiva, de la existencia de una renta igual al valor del bien o derecho no declarado, cuando la Administración tributaria española descubra algún bien situado en el extranjero.

• La eliminación del régimen sancionador especial. Ahora, las sanciones que resultarán aplicables en caso de que se pruebe la ocultación de rentas o bienes en el extranjero son las del régimen de derecho común, contenido en la Ley General Tributaria. Las multas por no presentar el Modelo 720 varían entre 150 y 250 euros por categoría de bienes o derechos.

• La desaparición de la imprescriptibilidad del incumplimiento de la obligación de presentar el Modelo 720 por parte de personas físicas y jurídicas. También se elimina la presunción de ilegalidad del origen de los activos no declarados. Los contribuyentes podrán demostrar que los activos no declarados fueron adquiridos legalmente.

No obstante, cabe señalar que la obligación de presentar el Modelo 720 para declarar los bienes y derechos situados en el extranjero sigue plenamente vigente.

(ii) Sentencias del Tribunal Supremo posteriores a la Ley 5/2022

Tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la adopción de esta nueva legislación, el Tribunal Supremo español también ha reconocido y declarado que el anterior sistema de sanciones violaba las obligaciones de España en el marco del Tratado de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo dictó una primera resolución importante sobre el asunto el 20 de junio de 2022 (sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo). El alto tribunal español declaró que: “una liquidación por IRPF no puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno“. Por lo tanto, en este caso, el Tribunal Supremo dictaminó que la reclamación fiscal había prescrito y anuló la sentencia de primera instancia.

Posteriormente se han dictado otras sentencias pioneras, entre ellas las de 4 de julio de 2022 (recurso de casación 6410/2019) y 6 de julio de 2022 (recurso de casación 6202/2019). En ambos casos, el Tribunal Supremo declaró que los derechos de los contribuyentes derivan de la aplicación de las disposiciones del propio Derecho de la Unión Europea, que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno español.

Este análisis permite dar carácter retroactivo a la nulidad de las sanciones, incluso para sanciones anteriores a la sentencia del Tribunal Europeo de 27 de enero de 2022.

Muchos contribuyentes reclaman ahora la devolución de importantes sanciones impuestas en el pasado. Según algunas estimaciones, el importe de estas devoluciones podría alcanzar los 230 millones de euros.